El sistema electoral. Mecanismos de desigualdad.

La súbita reactivación del debate sobre la reforma de la Ley electoral español, con motivo de las movilizaciones surgidas a raíz de la manifestación del 15-m, y que ocupan las plazas de media España, me he animado a completar la segunda parte de mi entrada sobre el funcionamiento del actual sistema que transforma nuestros votos en escaños.

Empezaré anotando los objetivos que perseguía en el momento de su diseño -recordemos, año 76-77, en los albores de la transición- y los cuales determinaron los resultados:

• Representación de la provincias.
• Mayorías sólidas que garanticen gobiernos estables.
• Relativa proporcionalidad que permitan una razonable representabilidad de minoría.
• Presencia de partidos de ámbito regional.

Ahora, sin perder de vista estos objetivos, veamos como se diseñó el reparto de los escaños por el territorio. En primer lugar la Constitución dejó fijada la provincia como circunscripción electoral (artículo 68.2), es decir, será la provincia la que reciba los diputados en función de los mecanismos que veremos más adelante. Estos nos deja con 50 circunscripciones -50 provincias- más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

A continuación, la Ley Orgánica de Régimen Electoral, (LOREG) de 1985 establece que para garantizar la representación de las provincias, se les asignará directamente, sin atender a reparto proporcional aún, 2 diputados a cada una, excepto a las ciudades autónomas, que se le repartirá uno. 50 provincias con dos diputados cada una, más dos más por Ceuta y Melilla hacen un total de 102 diputados repartidos sin atender a la población. Más adelante veremos por qué son 2 y no 1 los diputados asignados directamente.

Bien, entonces, de los 350 diputados que tiene el Congreso, hemos repartidos ya 102, lo que nos deja 248 para repartir, ahora sí, proporcionalmente. Recordemos que esos 102 seguirán en sus respectivas provincias independientemente del reparto proporcional. Para este reparto simplemente se dividen los 248 diputados entre el censo total y se establece cuantos electores corresponde a cada diputado. Entonces, se le reparte a cada provincia el número de diputados que le corresponde a su población. Como nunca corresponderá a un número entero de diputados, se le asignarán los diputados por redondeo a aquellas provincias con un mayor decimal. Vemos el ejemplo de Girona y Álava (elecciones generales de 2000).

Ya tenemos los diputados asignados a cada provincia. Sólo queda saber como esos diputados son elegidos con los votos dentro de cada una de estas circunscripciones electorales. Se aplicará para ella la tristemente célebre Ley d'Hondt -de ortografía discutida, por cierto- que cabe aclarar, es una ley matemática no exclusivamente aplicable a repartos electorales. Esta, para lo que nos interesa, -y una vez hemos aplicado el corte del 3% para las generales, 5% en las autonómicas- consiste en repartir los votos obtenidos por cada formación en una tabla cuyas columnas sean el cociente de ese número por cada uno de los número entre 1 y el número de diputados en disputa. Entonces se eligen los números más elevados de la tabla hasta completar el cupo. Explicado para los de la LOGSE: 

Seguimos con el ejemplo de Girona en 200 y sus 5 diputados.Observese que ya han sido eliminados los partidos que no alcanzaron el 3% de los votos -muchos, entre ellos IC-V o EUIA- y solo quedan los partidos que superaron el corte para el posterior reparto. En esta tabla los votos de cada formación se dividieron por uno, por dos, por tres, cuatro y cinco (pues había 5 diputados). 

A continuación lo que haremos es "tachar" los 5 números más altos de la tabla, sin distinción entre las columnas. Es decir, tacharemos antes, de ser necesario, un número de la columna 2 que de la 1 si su número es superior. Es decir:

Con los diputados ya repartidos, vemos como la tendencia del sistema es a premiar a los partidos más votados por encima de los menos votados. En el ejemplo, ERC queda sin representación en Girona por este sistema. 

Entonces, ya hemos descubierto uno de los desequilibrios de nuestro actual sistema, la sobrerepresentación, que es la contrapartida de aplicar la Ley d'Hondt buscando cumplir el primero de los objetivos citados, la gobernación estable. Pero el sistema aún recoge más desequilibrios.

Antes nos preguntábamos por qué el reparto territorial de diputados se hacia con dos por cada circunscripción, sobretodo, añado ahora, cuando uno sería suficiente para garantizar esa presencia. La respuesta está, en mi punto de opinión, en un calculo de ingeniería electoral que llevaron a cabo los diseñadores del sistema (ya vimos quienes en la anterior entrada) que buscaba, por un lado, reforzar el bipartidismo y por otro, reforzar las mayorías de los partidos más votados -en un principio,  además, buscaba reforzar mayorías conservadoras. Explicaré a continuación cómo y por qué.

Es fácil entender que sí repartimos 102 diputados de forma directa, estamos restándolos al reparto proporcional. Eso implica que le estamos "quitando" diputados a alguna provincia para "regarlárselos"  a otra. Por ejemplo, a la provincia de Teruel le correspondían en las generales de 2008 por población (350 dividido por el censo total español) aproximadamente 1,15 diputados y sin embargo le estábamos dando 2 por designación Territorial, que unido al que le correspondía proporcionalmente tras el redondeo se convertían en 3. Es decir, provincias altamente despobladas como Teruel estaban viéndose sobrerrepresentadas en detrimento de las demás, especialmente las más pobladas: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, etc. Provincias del interior, previsiblemente conservadoras -en los años 70 y según cálculos de los artífices del sistema- era sobrerrepresentadas en detrimento de las grandes provincias urbanas y periféricas, con un voto mucho más tendente al progresismo. No se trataba de trampear los resultados, pero sí de manipular en cierta medida las tendencias en una dirección más conservadora.

Y ahora sí, ¿por qué 2 y no 1? Sencillamente por qué si repartían 1, los resultados amenazaban con volverse sumamente equilibrados. Un total de hasta 8 provincias contarán con 2 diputados (asignación directa más la proporcional), que por el sistema antes descrito irían a parar a los dos partidos más grandes, y no les interesaba un sistema que premiase tanto al oponente como a ellos. Les interesaba un sistema que les premiase y no hiciese desaparecer al oponente(recordemos el tercer objetivo). Por ello asignamos dos, y en esas 8 provincial -despobladas y conservadoras, Teruel, Segovia, Ávila, etc.- disfrutarán entonces de 3 diputados (dos de asignación directa, otro proporcional) que se repartirán en proporción 2:1 a su favor. Así, desde las primeras elecciones democráticas 8 provincias sumamente representadas han estado dando resultados en proporción 2:1 (nunca 1:1:1) a favor de los grandes partidos -en principio UCD o PP, pero al final, por cambios en las preferencias de voto, se beneficiaba indistintamente también el PSOE- de manera que reforzaba el bipartidismo al hacer imposible que ninguna otra fuerza consiguiera uno de esos 3 diputados. Es decir, 24 diputados (8 provincias con tres diputados) , sustraídas de las grandes provincias, nunca estarán al alcance de los pequeños partidos.

Además, cabe aclarar, que este mecanismo funcionaba, pero menos férreamente en el resto de circunscripciones poco pobladas pero con más de 3 diputados. Así que nos encontramos con otra desigualdad del sistema, la desproporcionalidad. Sí, señores, a pesar de lo que diga la Constitución (artíulo 68.1) el sistema electoral no es proporcional -curiosamente por culpa de un artículo de la propia Constitución, ya citado, el 68.2, que establece la provincia como circunscripción. ¿Es inconstitucional la constitución?- si no que más bien es un sistema "semi-proporcional" o más académicamente hablando un sistema "representativo con correcciones a la proporcionalidad".

De paso también hayamos la tercera de las desigualdades: la vulnerabilidad del voto. Esto hace referencia a la incapacidad de estas pequeñas provincias de elegir libremente sus diputados. Igualmente, un voto es más vulnerable contra menos diputados tiene, de manera que las provincias como Madrid y Barcelona son las menos vulnerables. En Teruel, un voto a un partido ajeno al bipartidismo (PP y PSOE) no podrá ni ha podido nunca traducirse en diputados. Siempre ha habido un resultado 2:1 repartidos entre ambos partidos mayoritarios, e igual en las otras 8 provincias de la discordia y, en menor medida, en otras tantas con baja representatividad. Los partidos pequeños se encuentran con están inevitable barrera en todo el Estado, como si no tuviera bastante con la barrera del 3% y la Ley d'Hondt, aún tiene que luchar contra esta salvaje privación. Es por ello que los escasos partidos minoritarios de ámbito nacional que se cuelan en las Cortes -como IU-IC-V o UPyD- lo hacen en las provincias más pobladas, las más representativas también, Madrid y Barcelona. Conclusión, a estos claros objetivos iniciales, razonables desde cierta lógica de la democracia parlamentaria moderna, se le suman algunos objetivos ocultos, interesados y coyunturales que determinaron el resultado actual y cuyas consecuencias pagamos ahora y pagaremos en el futuro de no remediarlo.

Este ha sido un breve repaso sobre los principales mecanismos del sistema electoral, incidiendo en sus desajustes desde un análisis crítico. Pero en próximas entradas me gustaría incidir en otros aspectos del sistema electoral, como en los efectos "no matemáticos" del sistema, como el efecto del "voto útil", o los efectos del sistema electoral sobre la forma y la continuidad de los partidos. Espero que esto sea en breve.

Principales fuentes:

• J. Urdánoz Ganuza, “Ingeniería del sufragio. Artimañas electorales vs. valores democráticos”. Claves de la Razón práctica. Nº 180, 2008, pp. 58-67. Recomendado para una visión más clara y en profundidad.
• Gráficos extraídos del Especial de Terra Actualidad para las elecciones Generales de 2004 basándose en los datos de 200: http://terranoticias.terra.es/elecciones-2004/ley-dhont/